· Otorgó créditos por más de 50 millones de dólares, con deducción vía planilla.
· Hay más de mil demandas ante la Dirección General de Protección al Consumidor en Honduras, por parte de trabajadores que ya cubrieron sus préstamos y les siguen cobrando.
· Acusan tráfico de influencias y hechos dilatorios en la impartición de justicia.
· Se designó ilegalmente y se mantuvo sin cargo a una administradora judicial que ya ha sido condenada penalmente.
· Presunta red de corrupción evidenciada por el Estado Hondureño, implicada en el caso de JLL Capital.
La empresa mexicana de inversión JLL Capital, cuya operación en Honduras se orientó a otorgar créditos vía nómina a diversas dependencias gubernamentales, está bloqueada por una disputa local entre socios. Los socios minoritarios Enrique Bello, Pedro Specia y Carlos Max Paguagua recurrieron al despacho Hernández y Asociados para a través de su influencia, incidir en su beneficio en el desarrollo de los procesos jurídicos; lo que derivó en una denegación de justicia y expropiación a través de la imposición de una figura de administración judicial, por lo que busca una indemnización estimada preliminarmente en 380 millones de dólares en un proceso de arbitraje, alegando violación a la protección a la inversión extranjera.
Hasta diciembre de 2019 cuando se instauró la administración judicial, CA Capital, había otorgado préstamos a más de 30 mil trabajadores de diversos Ministerios, por un monto superior a los 50 millones de dólares. A la fecha, existen una gran cantidad de denuncias presentadas ante la Dirección General de Protección al Consumidor en Honduras, por parte de personas que aseguran ya haber pagado el total de sus créditos y sin embargo continúan aplicándose los descuentos en sus pagos de planilla.
Los socios minoritarios de CA Capital, contrataron al despacho Hernández y Asociados, cuyos titulares son Jacobo Humberto Salandía Vallecillo y José Amílcar Hernández Flores -esté último hermano del entonces presidente de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado, quien ahora se encuentra sujeto a proceso en los Estados Unidos, por la presunta comisión de los delitos de narcotráfico y asociación delictuosa-, para que los representará en el juicio de impugnación presentado en 2018.
José Amílcar Hernández Flores ha aprovechado sus contactos e influencia dentro del poder judicial hondureño, lo que ha provocado diversas arbitrariedades en donde en uno de los procesos han cambiado de juez cuatro veces.
Ésta disputa, llevó a un tribunal a nombrar a un administrador judicial el 10 de diciembre de 2019 para dirigir CA Capital, con sede en Tegucigalpa, designando como administradora a la señora Waleska Yamileth Medina Ferrera (nombramiento que a la fecha se encuentra vencido ya que el mismo fue otorgado por un término de 6 meses únicamente), quién ha cometido infinidad de afectaciones a la empresa dañando con esto la imagen de la marca y el prestigio de la misma, como son: el incumplimiento a las obligaciones contractuales con los diversos proveedores de servicios, la falta de operatividad del negocio y continuidad en cobro de créditos que incluso ya fueron totalmente cubiertos por los clientes, ocasionando a su vez con estas omisiones múltiples denuncias y quejas realizadas por los clientes en contra de la sociedad.
En el colmo de los excesos, el Juez Eddy Alexander Delgado Martínez (entonces Juez a cargo del juicio de impugnación de acuerdos sociales y encargado de nombrar a la administradora judicial), otorgó deliberadamente y de forma verdaderamente expedita todas y cada una de las peticiones realizadas por la contraparte y en el caso del socio mayoritario se retrasaron e incluso rechazaron peticiones y argumentos presentados, aludiendo a pretextos y excusas sin fundamento legalmente razonables, otorgando incluso la representación legal de la sociedad a la administradora judicial Waleska Yamileth Medina Ferrera, situación que es completamente contraria a derecho y propiciando con esta actuación judicial una medida de expropiación de la sociedad por parte del Estado, al dejar al accionista mayoritario JLL Capital sin la representación legal de la sociedad y reemplazándolo a través de la figura de la administradora.
Este nombramiento, además de ser ilegal, permitió que los socios minoritarios demandantes vaciaran las cuentas de CA Capital mediante un Juicio promovido por ellos en donde solicitaron el pago de daños y perjuicios supuestamente ocasionados por la falta de pago de ganancias o utilidades societarias en su calidad de accionistas, lo anterior sin haberse llevado a cabo las formalidades exigidas por la ley hondureña como es: la convocatoria de la totalidad de socios para celebrar una asamblea con estos fines, el no existir ninguna aprobación de estados financieros de la sociedad, el no considerar al accionista mayoritario JLL Capital y exigiendo una repartición de utilidades inexistentes con base en un 40% de participación accionaria, cuando en realidad el porcentaje con el que cuentan es del 0.02% en consecuencia de que la asamblea impugnada a la fecha se encuentra vigente, lo que tuvo como consecuencia que el juez Raymundo Esaú Gradiz Vilorio autorizará ilegalmente pagos de supuestas utilidades en los que se estableció que los mismos se realizarían a la cuenta del abogado Jacobo Humberto Salandía Vallecillo, socio del coronel en retiro José Amílcar Hernández Flores, lo que derivó en pagos por montos que suman alrededor de 15 millones de dólares.
JLL Capital, accionista mayoritario de CA Capital y su equipo legal en Honduras, presentaron una querella criminal por el delito consumado de estafa impropia agravada en sus modalidades de falsa atribución de facultades, de disposición y de fraude procesal en contra de los socios y la administradora judicial Waleska Yamileth Medina Ferrera quien fue encontrada culpable por el delito de encubrimiento durante audiencia de fecha 24 de abril de 2023, ante la Juez Karla Lizeth Romero Dávila. Actualmente Waleska Medina Ferrera se encuentra a la espera de la individualización de la pena, no obstante, continúa ostentando el cargo de administradora judicial, con el riesgo implícito de que continúe cometiendo la misma conducta delictiva. La juez Paola Yuyin Portillo Martínez fijó fecha de audiencia para el próximo 2 de agosto a efecto de determinar la permanencia de la Sra. Medina en el cargo.
En lo que respecta a los socios Jose Enrique Bello Roch, quien es presidente de la Sección Internacional para Centroamérica y el Caribe del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE), se encuentra prófugo de la justicia hondureña al igual que Carlos Max Paguaga Robleto a quienes se les dictaron órdenes de aprehensión locales e internacionales dentro de dicho proceso por no haberse presentado al mismo. Sin embargo, a la fecha sus abogados se han dado a la tarea de presentar excusas médicas y diversas cuestiones dilatorias en el procedimiento con la intención de que dicha audiencia de individualización de pena no se lleve a cabo, razón por la cual la misma ha tenido que ser reagendada en 3 ocasiones.
En consecuencia de los abusos, pasividad y corrupción de las autoridades judiciales en Honduras, JLL Capital accionista mayoritaria de CA Capital presentó el 13 de febrero de 2023, una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), debido a la expropiación indirecta y flagrante denegación de justicia por parte del poder judicial hondureño.
Coyunturalmente, el gobierno de Honduras representado por el Procurador General Manuel Antonio Díaz Gales y la Ministro de Finanzas Rixi Moncada Godoy integrantes del gabinete de la presidente Xiomara Castro, se negó a pagar 3,000 millones de lempiras (122 millones de dólares) en el proceso de arbitraje iniciado por la empresa estadounidense DRC, alegando que una “red de corrupción público-privada” está tratando de perjudicar al Estado Hondureño, a través de los mismos personajes que han afectado a JLL Capital, teniendo como común denominador tanto al abogado Jacobo Humberto Salandía Vallecillo, como al juez Raymundo Gradiz Vilorio quien concedió embargos a las cuentas del Estado.
